En un seguro jurídico puedes disponer de un abogado, procurador o profesional para hacer frente a cualquier problema judicial.
El seguro de defensa jurídica es definido en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguros como el acuerdo en el que “el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Los últimos datos oficiales de 2021 indican que más de 3,2 millones de personas en España cuentan con un seguro de defensa jurídica. Aunque la cifra es aún mayor ya que puede estar incorporado como cobertura en otros seguros.
Según un análisis realizado por la plataforma Lexdir, las cuestiones relacionadas con deudas, divorcios, hipotecas y comunidades de vecinos son los principales problemas legales a nivel personal y de familia que tienen los españoles. Podríamos concluir, por tanto, que estos son los casos más comunes en los que se necesita un seguro de defensa jurídica.
Aunque también podría ser útil para afrontar temas fiscales, como reclamaciones y sanciones, y conflictos en consumo de bienes y servicios. Otros casos pueden ser:
En definitiva, vivimos en una sociedad que se rige por una serie de normas, que contemplan derechos y obligaciones para los ciudadanos e instituciones.
Dichas reglas son las que vienen marcadas por el ordenamiento jurídico. Por lo que podríamos afirmar que ante cualquier problema o circunstancia de la vida sería conveniente contar con un seguro de defensa jurídica. Pues nos permitirá contar con la cobertura necesaria para defender nuestros derechos.
Entre la amplia variedad de seguros que ofrece Iris Global se encuentra el seguro de defensa jurídica para particulares y familias. Dentro de este seguro encontramos coberturas básicas y adicionales, a libre elección del cliente, en función de las circunstancias o necesidades que desee cubrir.
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Coberturas básicas |
Coberturas adicionales |
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- Asesoramiento jurídico especializado por teléfono - Redacción y revisión de escritos - Defensa fiscal - Contratos: servicios, bienes muebles y de suministros - Reclamación de daños - Reclamación por incumplimiento de seguros - Peritaje - Defensa de derechos en la vivienda habitual |
- Derechos de familia - Derecho laboral - Derecho de la Seguridad Social - Defensa servicio doméstico - Reclamaciones tanto financieras como bancarias - Sanciones de tráfico - Defensa y reclamación en procedimientos de desahucio - Defensa y reclamación en Internet |
El objetivo de todas estas coberturas es ofrecer protección. Esto es posible porque Iris se hace cargo de los costes de los procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos , como pueden ser los gastos de un abogado, las costas judiciales o los gastos notariales, entre otros.
Hay una característica importante dentro de las coberturas ofrecidas. El asegurado tiene el derecho a elegir libremente el abogado o procurador y en ningún caso este está sujeto a indicaciones o instrucciones del asegurador.
En un seguro jurídico puedes disponer de un abogado, procurador o profesional para hacer frente a cualquier problema judicial.
El seguro de defensa jurídica es definido en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguros como el acuerdo en el que “el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Los últimos datos oficiales de 2021 indican que más de 3,2 millones de personas en España cuentan con un seguro de defensa jurídica. Aunque la cifra es aún mayor ya que puede estar incorporado como cobertura en otros seguros.